El Tribunal Electoral ordenó al INE aplicar la cancelación de registro a candidatos del Poder Judicial que cometan faltas graves en campaña, sin limitarse solo a recibir recursos indebidos o asistir a eventos partidistas.
La magistrada Janine Otálora impulsó esta decisión, argumentando que cada caso debe evaluarse de forma individual. Criticó al INE por excluir otras faltas del artículo 51 de los Lineamientos, ya que la gravedad debe analizarse caso por caso.
Los aspirantes deben cumplir estrictamente con las normas electorales, ya que este proceso inédito requiere una regulación integral. Se busca garantizar que las elecciones se desarrollen con apego a la legalidad y los principios constitucionales.
Entre las infracciones sancionables está recibir financiamiento público o privado, directa o indirectamente, de personas o entidades nacionales o extranjeras, lo que pone en riesgo la equidad del proceso.
