Monterrey, Nuevo León.- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Nuevo León a José Antonio “N”, señalado como uno de los principales operadores de una red de contrabando de combustible que presuntamente utilizaba puertos de Tamaulipas para introducir hidrocarburos de manera ilegal al país. La captura ocurrió tras varios cateos simultáneos en inmuebles ubicados en San Pedro Garza García, Monterrey y Allende.
De acuerdo con las investigaciones federales, el detenido estaría vinculado con el arribo del buque Challenge Procyon al puerto de Tampico, embarcación asegurada en marzo de 2025 por transportar millones de litros de combustible ilegal que ingresaron bajo documentación falsa. El caso destapó una compleja red de “huachicol fiscal”, esquema mediante el cual combustibles provenientes de Estados Unidos eran declarados como otros productos para evadir impuestos y controles aduanales.
Durante los operativos, fuerzas federales aseguraron armas, droga, dinero en efectivo, vehículos, motocicletas, equipos de cómputo y siete tigres que permanecían en una de las propiedades cateadas. También fue detenida una mujer cuya identidad no fue revelada. Autoridades federales señalaron que la célula criminal estaría relacionada con operaciones de lavado de dinero y distribución ilícita de hidrocarburos en entidades del noreste del país.
Las indagatorias apuntan además a empresarios y compañías transportistas de Tamaulipas, Nuevo León y Texas, presuntamente utilizadas para mover combustible de procedencia ilícita mediante empresas fachada y documentación apócrifa. En las pesquisas aparece el nombre de Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques”, identificado por la FGR como uno de los presuntos articuladores financieros y logísticos de esta estructura.
El caso volvió a poner bajo la lupa el impacto del huachicol fiscal en México, una actividad que autoridades federales consideran una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado y que, según investigaciones recientes, opera mediante redes de corrupción, prestanombres y empresas factureras para introducir y comercializar combustible ilegal en distintas regiones del país.
