En Tamaulipas, la reacción del gobierno estatal fue inmediata. A través de su área de Comunicación Social, la administración de Américo Villarreal rechazó “de manera categórica y contundente” las versiones difundidas, argumentando que no existen pruebas verificables, expedientes públicos ni notificaciones formales provenientes de autoridades estadounidenses. La postura oficial insistió en que el mandatario tamaulipeco no ha sido informado de procedimiento alguno en su contra y calificó las acusaciones como carentes de sustento documental.
Desde Sonora, el equipo del gobernador Alfonso Durazo también desestimó el contenido del reportaje y aseguró que el mandatario mantiene vigente su documentación migratoria, además de negar haber recibido notificación sobre investigaciones en Estados Unidos.
El tema escaló rápidamente al plano nacional luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunciara durante su conferencia matutina, donde señaló que ambos gobernadores deben aclarar públicamente la situación, al tiempo que cuestionó la filtración de información relacionada con supuestos procesos migratorios o investigaciones estadounidenses. La mandataria sugirió que resulta necesario conocer el contexto y la intención detrás de la difusión de este tipo de versiones.
La publicación aparece además en un momento de creciente tensión bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, migración y combate al crimen organizado, particularmente tras el endurecimiento de posturas del gobierno estadounidense hacia funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con redes criminales y operaciones de tráfico ilícito.
Por ahora, el caso permanece en el terreno de las versiones periodísticas y del debate político. Sin documentos oficiales, expedientes judiciales abiertos al escrutinio público o confirmaciones formales de Washington, los señalamientos continúan sujetos a verificación y a la eventual respuesta institucional de ambos países.
