.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La disputa por el agua entre Nuevo León y Tamaulipas vuelve a cobrar fuerza, luego de que legisladores neoleoneses solicitaran evitar el próximo trasvase de la presa El Cuchillo hacia la Marte R. Gómez, una operación de la que depende parte del abastecimiento para las actividades agrícolas del norte tamaulipeco.
El planteamiento surge a pocos días del 1 de noviembre, fecha contemplada para evaluar el envío del recurso hídrico al Distrito de Riego 026 Bajo Río San Juan, conforme al convenio suscrito entre ambas entidades en 1996.
Javier Caballero, representante del Congreso de Nuevo León ante el Consejo de Administración de Agua y Drenaje, consideró necesario revisar la continuidad de los trasvases y dar prioridad al suministro de agua potable para la población de su estado.
El legislador también planteó retomar proyectos de infraestructura que permitan compensar los volúmenes de agua utilizados por Nuevo León mediante el aprovechamiento de aguas tratadas, con el propósito de reducir la dependencia de los acuerdos actuales.
Por su parte, la diputada Greta Barra, de Morena, reconoció la necesidad de mantener conversaciones con las autoridades federales y tamaulipecas para encontrar una solución que considere las condiciones de abastecimiento de ambos estados.
El convenio vigente establece criterios relacionados con el almacenamiento de las presas. Entre ellos, contempla que El Cuchillo supere los 516 millones de metros cúbicos y que Marte R. Gómez registre menos de 700 millones para que proceda el trasvase, sujeto a las disposiciones correspondientes.
Para Tamaulipas, el asunto representa un tema de importancia agrícola, debido a que el Distrito de Riego 026 abastece superficies de cultivo de la región fronteriza, donde la disponibilidad de agua es determinante para la planeación de los ciclos productivos.
Una eventual restricción en el volumen transferido podría complicar las condiciones de riego, particularmente para los productores que dependen de las aportaciones provenientes de la cuenca del río San Juan.
Sin embargo, hasta ahora, el posicionamiento de los legisladores neoleoneses no equivale a una cancelación oficial del trasvase. La definición deberá considerar las condiciones hidrológicas, el convenio vigente y la intervención de la Comisión Nacional del Agua.
El nuevo desacuerdo anticipa otra etapa de negociaciones entre las entidades, en un contexto en el que el abastecimiento para consumo humano y las necesidades de producción agrícola vuelven a confrontar prioridades sobre el uso del recurso.
