Ciudad Victoria, Tamaulipas, 30 de octubre de 2026. — El Poder Judicial de Tamaulipas explicó que la absolución de Jorge Fernández González, quien había sido condenado a 47 años de prisión por el feminicidio de su esposa, la ciudadana española María del Pilar Garrido Santamans, fue resultado de una nueva valoración de pruebas ordenada por un tribunal federal
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El caso se remonta a 2017, cuando ocurrió la muerte violenta de la mujer en Tamaulipas. En enero de 2019, Fernández González recibió una sentencia condenatoria de 47 años de cárcel; sin embargo, su defensa promovió recursos legales que llevaron el expediente a revisión ante instancias federales.
El 11 de septiembre de 2026, un Tribunal Colegiado de Circuito concedió un amparo directo y ordenó emitir una nueva resolución bajo criterios específicos, particularmente en lo relacionado con la suficiencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía para acreditar la responsabilidad penal del acusado.
En cumplimiento de esa determinación, la Sala Colegiada en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado revisó nuevamente el material probatorio y concluyó que los elementos disponibles no eran suficientes para mantener la condena. Por ello, el 28 de octubre dictó una sentencia absolutoria y ordenó la inmediata libertad de Fernández González.
La presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López, explicó que la resolución no desconoce la existencia de la víctima ni la muerte violenta registrada en 2017. Precisó que el fallo responde a la imposibilidad jurídica de sostener una condena cuando las pruebas no permiten demostrar suficientemente la responsabilidad de una persona, conforme al principio de presunción de inocencia.
El Poder Judicial señaló que la decisión se adoptó en cumplimiento de una resolución federal y reiteró que las determinaciones judiciales deben sustentarse en las pruebas y la legislación aplicable. El caso vuelve a poner bajo atención pública la integración de las investigaciones ministeriales, los derechos de las víctimas y la necesidad de garantizar el debido proceso en los procedimientos penales.
