Américo Villarreal exige transparentar contratos electorales del INE y del IETAM

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— El gobernador Américo Villarreal Anaya solicitó una revisión amplia de las contrataciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos electorales estatales, incluido el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), ante señalamientos sobre una posible concentración de contratos públicos en determinadas empresas proveedoras de materiales y servicios electorales.

Mediante un posicionamiento difundido el jueves 5 de noviembre, el mandatario respaldó el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para investigar los antecedentes de las compañías involucradas y esclarecer si existieron conflictos de interés, intervenciones indebidas o condiciones que favorecieran la asignación reiterada de contratos.

Villarreal Anaya planteó que las autoridades electorales hagan públicos los contratos celebrados, los nombres de los proveedores, los montos pagados y los procedimientos utilizados para adjudicar los servicios.

También consideró necesario revisar los criterios y las cláusulas de licitación que pudieran haber limitado la participación de otras empresas.

El pronunciamiento ocurre mientras el IETAM atiende requerimientos de información relacionados con su ejercicio presupuestal de 2025, año en el que organizó la elección judicial local. El consejero presidente del organismo, Juan José Guadalupe Ramos Charre, ha manifestado su disposición a entregar la documentación solicitada por las instancias fiscalizadoras.

En su declaración, el gobernador sostuvo que la autonomía de las instituciones electorales debe mantenerse acompañada de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, pidió que se revisen los posibles vínculos empresariales e institucionales que pudieran haber influido en los procesos de contratación.

Aunque existen señalamientos y solicitudes de revisión, hasta ahora no se ha informado de una resolución que establezca responsabilidades por las contrataciones mencionadas. Cualquier posible irregularidad deberá acreditarse mediante documentación y procedimientos de investigación de las autoridades competentes, sin anticipar conclusiones sobre personas o instituciones.

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