Ciudad Victoria, Tamaulipas.— A una semana de la muerte de Aranza, una niña de siete años que recibió un disparo durante los hechos violentos del pasado 29 de octubre en Matamoros, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reconoció que elementos a bordo de uno de sus helicópteros respondieron con disparos a una presunta agresión desde tierra, aunque no estableció directamente su responsabilidad en el fallecimiento de la menor.
Mediante un posicionamiento institucional difundido el jueves 5 de noviembre, la dependencia explicó que la aeronave realizaba labores de reconocimiento durante los bloqueos e incendios registrados después de un operativo de fuerzas federales contra un presunto integrante de la delincuencia organizada. Según su versión, el personal fue agredido desde tierra y respondió a los disparos.
El comunicado fue emitido después de que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas diera a conocer avances en los estudios de balística relacionados con el proyectil que causó la muerte de Aranza. Los análisis y testimonios recabados han centrado la investigación en la posible procedencia del disparo desde una aeronave de la corporación estatal.
En una actualización realizada este viernes, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, confirmó que tres elementos de la corporación se encuentran bajo investigación por estos acontecimientos. Los agentes continúan en funciones y no se han reportado detenciones relacionadas con el caso.
La madre de la menor, Claudia Edith Pardo García, quien también resultó lesionada durante los hechos, ha exigido justicia y rechazado la versión de que su familia hubiera participado en alguna agresión contra las fuerzas de seguridad. La investigación también deberá esclarecer las circunstancias del uso de la fuerza y determinar quién realizó el disparo mortal.
La Secretaría de Seguridad Pública aseguró que entregó información, documentación y elementos de prueba a la Fiscalía y que continuará colaborando con las investigaciones. Hasta ahora no se ha informado de una imputación formal ni de una determinación definitiva de responsabilidades individuales, mientras permanece la exigencia de justicia por parte de la familia.
